lunes, 10 de noviembre de 2025

“EL MONSTRUO”: LA CAÍDA DEL CRIMINAL MÁS BUSCADO DE LATINOAMÉRICA

CRÓNICA

Por: Daniela Acosta Chávez

   Fuente:     Infobae
El 85% de la población peruana teme ser víctima de la inseguridad ciudadana, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El Ministerio del Interior proyecta que, para 2030, al menos el 17% de los ciudadanos podría sufrir algún hecho delictivo. Las cifras evidencian una crisis social profunda. Miguel Palomino, presidente del Instituto Peruano de Economía, lo resume con claridad: “Para entender cuánta importancia tiene la delincuencia y la violencia hoy en el Perú, basta con saber que se han vuelto la principal preocupación de la ciudadanía, por encima del desempleo o la corrupción”.

En este contexto, el Perú “logró” un avance crucial en materia de seguridad: la captura del delincuente más peligroso del Perú, Erick Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”. Natural de Ica, nacido el 15 de marzo de 1991, su historia criminal comenzó a temprana edad. Tras mudarse al barrio de Belar, en Comas, fue apodado “Chonguito” y se integró a una banda dedicada al robo de vehículos. De ahí pasó al tráfico de nichos en cementerios y luego al liderazgo de una de las organizaciones criminales más temidas: Los Injertos del Cono Norte.

Su nombre empezó a figurar en los registros policiales cuando, en 2020, ordenó el secuestro de los empresarios Milton Corales y Érica Frutillo. La Policía Nacional del Perú logró rescatar a la pareja, aunque el operativo terminó en tragedia ya que un agente de la División de Secuestros fue asesinado por los sicarios del delincuente.

Los delitos de Moreno se multiplicaron con el tiempo. En diciembre de 2023, su banda delictiva secuestró a la adolescente Valeria Vásquez Barrientos, de 12 años, por cuya liberación exigió tres millones de soles. Apenas un mes antes, había ordenado el rapto de la joven Lucero Trujillo, hija de un empresario frigorífico, exigiendo un millón de dólares por su rescate.

El 28 de diciembre de 2023, el Ministerio del Interior lo incluyó en la lista de “Los más buscados” y ofreció una recompensa por su captura. Poco después, la Octava Sala Superior Penal de Lima lo condenó a 32 años de prisión por secuestro, homicidio, sicariato y microcomercialización de drogas. Convertido en prófugo, Moreno logró huir del país y reactivar sus redes criminales desde el extranjero.
 

Durante 2024, su rastro se perdió. No fue hasta el 18 de septiembre de ese año que el Ministerio del Interior incrementó la recompensa a S/500.000, una medida que reflejaba la desesperación de las autoridades y la necesidad de colaboración ciudadana.

El 21 de marzo de 2025, Interpol emitió una notificación roja, convirtiendo a Moreno en objetivo internacional. La alerta movilizó a las fuerzas de seguridad de toda la región. Apenas cinco días después, el 26 de marzo, la policía paraguaya rodeó una vivienda en Luque, donde el fugitivo vivía junto a su esposa e hijo. La captura parecía definitiva, pero un aviso filtrado desde Perú cambió el curso del operativo. Moreno escapó con una maleta en mano, perdiéndose entre el tránsito de la ciudad. El periodista paraguayo Iván Leguizamón informó que el escape fue posible gracias a filtraciones desde la propia Policía Nacional del Perú, lo que permitió al criminal mantenerse un paso adelante. 

Pese al fracaso, Paraguay emitió una nueva orden de captura el 8 de abril de 2025, sustentada en el secuestro exprés de la peruana Jackeline Salazar Flores, ocurrido en Lima un año antes. La joven fue interceptada camino al gimnasio; sus captores exigieron un rescate de dos millones de soles.

El 16 de abril, un operativo de la Policía Militar de Brasil en São Paulo intentó dar con su paradero. Durante el enfrentamiento, murieron dos cómplices peruanos y un agente brasileño. Moreno volvió a escapar, pero la acción confirmó que sus operaciones se habían extendido a redes delictivas internacionales.

Semanas después, el 26 de abril, la Policía Nacional del Perú detuvo a Clarén Grace Bado Neyra, señalada como la “cajera” del grupo criminal. Según las investigaciones, era la encargada de administrar el dinero proveniente de secuestros, extorsiones y asesinatos.

En esos mismos días, agentes peruanos llegaron a Paraguay para fortalecer la cooperación bilateral. No obstante, la presencia de oficiales extranjeros generó tensiones. Leguizamón reveló que Moreno había sido identificado meses antes, pero operativos claves se vieron frustrados por nuevas filtraciones dentro de la PNP. Aun así, la policía paraguaya continuó su labor de manera autónoma, marcando distancia frente a la fragilidad institucional peruana.

El 6 de junio de 2025, el Gobierno del Perú formalizó la solicitud de extradición ante Paraguay y Brasil. El documento, firmado por la entonces presidenta, Dina Boluarte y su gabinete, sustentaba la medida en los graves delitos imputados al fugitivo.

Finalmente, la noche del 24 de septiembre de 2025, tras meses de persecución, Erick Moreno fue capturado en San Lorenzo, Paraguay, durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y la policía paraguaya. Fue encontrado con la apariencia cambiada, el cabello crecido y bigote, muy diferente a las imágenes difundidas por el Ministerio del Interior del Perú. Los agentes lo encontraron en una pequeña vivienda. El criminal vestía un polo blanco y una bermuda azul. Se pudo identificar al monstruo gracias a los tatuajes en su cuerpo ya que hacerlo por rostro iba a ser en vano.

La captura marcó el cierre de una de las búsquedas más extensas del país y puso a prueba la capacidad de cooperación internacional. Durante su arresto, Moreno negó las acusaciones más recientes y denunció presuntos actos de corrupción dentro de la PNP. 

Actualmente, cumple prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, en Emboscada, Paraguay, donde permanece bajo estrictas medidas de seguridad. Viste el uniforme rojo asignado a reclusos de alta peligrosidad, mientras se tramita su extradición al Perú. La jueza paraguaya Clara Ruiz Díaz justificó la medida para evitar una posible manipulación del proceso judicial. El abogado del detenido rechazó acogerse a la extradición abreviada propuesta por el Estado peruano, lo que prolongará su permanencia en territorio paraguayo.

El caso de Erick Moreno es el reflejo más crudo de una realidad que el país prefiere no mirar de frente. La inseguridad ciudadana no solo se traduce en cifras, sino en la pérdida de confianza colectiva. La violencia, alimentada por la fragilidad institucional, erosiona la democracia y pone en riesgo la gobernabilidad. Enfrentarla requiere más que patrulleros o cárceles, exige una visión integral, donde la educación, la justicia y la ética pública se fortalezcan en conjunto.

Mientras el Perú no priorice el bien común como política de Estado, historias como la de Erick Moreno seguirán repitiéndose, con nuevos nombres y los mismos rostros engendrando miedo. Tal como advirtió el científico aleman Albert Einstein, “la preocupación por el hombre y su seguridad siempre debe ser el interés principal de todos los esfuerzos”.



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