APAFA EN PIE DE LUCHA: ARZOBISPADO RECLAMA TERRENOS DE COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

Reportaje

Unos 1330 metros cuadrados ocupados por la Institución Educativa Nuestra Señora de Los Dolores se encuentran en litigio. Durante la última semana de marzo, el Arzobispado de Arequipa les hizo llegar un documento exhortándolos a un acto de conciliación, puesto que, afirman tener la propiedad legítima sobre los terrenos.

La invitación del Arzobispado ha sido tomada como amenaza por la comunidad educativa, quienes temen ser desalojados. El hecho clave data de 1984. El centro educativo ya tenía 26 años funcionando, cuando fue registrado a nombre de la entidad religiosa. Las controversias siempre estuvieron latentes, pero no fue hasta este año que las autoridades del colegio junto a la Asociación de Padres de Familia (APAFA), han emprendido acciones para defender su posición.

Mario Apaza Ticona, director del colegio, cuestiona que las tierras fueron entregadas a título gratuito. Desde marzo, estuvieron recolectando documentos apoyándose en asesoría legal. Mediante la APAFA, los padres mantienen dicha postura y esperan un desenlace a su favor. Por ello, realizaron una vigilia el pasado 6 de junio.

APAFA CUESTIONA LEGALIDAD DE TERRENOS

Calificando como ilegal la compra que adjudica la obtención de los terrenos por parte del Arzobispado, Emeterio Gutiérrez, presidente de la APAFA de la institución educativa Nuestra Señora de los Dolores, declaró que vienen exigiendo ante las autoridades regionales la reversión de esta adquisición hecha a la municipalidad de Cerro Colorado en 1984, por 2 millones 200 mil soles.

Recalcando que se opta por una vía pacífica para la resolución del conflicto, el representante sentenció que no permitirán un eventual desalojo por parte del ente eclesiástico. Asegurando que la documentación reunida por la defensa legal de la APAFA, neutraliza los sustentos del Arzobispado, por lo cual invitó a esta institución religiosa a la conciliación y al reconocimiento de la posición que defiende la asociación de padres de familia.

Asimismo advirtió que esta incertidumbre viene comprometiendo el ejercicio docente y el aprendizaje de las estudiantes de la institución educativa. Frente a esta situación, Gutiérrez destacó que a pesar de solicitar la intervención del Defensor del Pueblo y la Municipalidad de Cerro Colorado, estos pedidos le fueron negados, bajo la justificación de no ser asunto de su competencia.

Por su parte, Alejandro Coya, regidor de la Municipalidad,de Cerro Colorado, expresó que se apoyará el pedido de los padres de familia del colegio, anunciando la realización de una mesa de trabajo entre el Gobierno Regional y el Arzobispado, cuyo propósito sea la formulación de un acuerdo.

DEFENSA LEGAL ARGUMENTA TITULARIDAD DEL ESTADO

Leonel Díaz Pinto, asesor legal de los padres de familia, manifestó que los documentos que sostienen la titularidad del Arzobispado en registros públicos son de carácter nulo e irregular. Explicando que, según una partida registral de Cerro Colorado, el área donde se halla el colegio quedó constituida como parte correspondiente al Ministerio de Educación, y por ende, como propiedad del Estado Peruano.

En relación a ello, Díaz manifestó que, ante cualquier juzgado, no se podría proceder a un desalojo, ya que en la revisión de antecedentes se constaría al terreno como un área para uso público o comunitario, siendo inalienable e imprescriptible constitucionalmente.

De este modo, expresó que sus demandas implican que la municipalidad de Cerro Colorado declare la nulidad de los documentos del Arzobispado, además de exigirle al Gobierno Regional la emisión de una resolución que declare al Estado como propietario de los terrenos. Agregando también que, en su defecto, esta función deberá ser ejecutada por la Supeintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

De no atenderse estas exigencias, el abogado manifestó que se denunciará a las autoridades de estas instituciones por incumplimiento de funciones.Por su parte, Sarko Medina Hinojosa, Director de la Oficina de Comunicaciones del Arzobispado de Arequipa, manifestó que se aguardan las gestiones del Gobierno Regional para la organización de una reunión de conciliación.

APAFA: DEFENSA DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Las APAFA, son organizaciones sin fines de lucro que buscan mejorar la calidad de la educación en las instituciones educativas públicas. Su objetivo principal es facilitar la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos, tanto de forma personal como a través de la Asociación y el Consejo Educativo Institucional (CONEI). Las APAFA se rigen por la Ley 28628 y por su propio estatuto, y su existencia está ligada a la institución educativa que representa.

Las APAFA tienen un amplio rango de funciones, incluyendo la participación en actividades educativas, la vigilancia de la distribución de materiales educativos, la mejora de la infraestructura y servicios, la gestión de programas de apoyo para los estudiantes, la recepción de información sobre la gestión institucional, la denuncia de irregularidades, y la participación en procesos de adquisición de bienes y servicios. Además, las APAFA tienen un rol fundamental en el Consejo Educativo Institucional, participando en la formulación y ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan Anual de Trabajo (PAT), así como en la evaluación del personal docente y administrativo.

La estructura de las APAFA está compuesta por órganos de gobierno, participación y control, incluyendo la Asamblea General, el Consejo Directivo, los Comités de Aula y de Taller, y el Consejo de Vigilancia. Cada uno de estos órganos tiene funciones específicas para garantizar la correcta gestión de la Asociación y la participación activa de los padres de familia en la educación de sus hijos.

ANTECEDENTES

El 18 de enero de 2024, Lucero Vilca Condori, representante de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) de la I.E. Arequipa, denunció públicamente el cobro irregular por parte de las autoridades educativas de la institución. Se reveló que se estaba realizando un cobro de 25 soles de manera unilateral, sin la debida consulta a la APAFA, condicionando las matrículas de los estudiantes. Esta práctica se había mantenido durante años sin la emisión de recibos ni transparencia en el uso de los fondos recaudados.

Ante esta situación, la gerenta regional de Educación, Cecilia Jarita, anunció una investigación a nivel administrativo para determinar la responsabilidad de las autoridades educativas, incluyendo directores y subdirectores que habrían aprobado estos cobros irregulares. Por su parte, Roberto Marín, director de la Ugel Arequipa Norte, enfatizó que ningún pago debe condicionar las matrículas de los estudiantes y que el año anterior se recibieron múltiples denuncias similares en la jurisdicción.

Además, padres de familia de otra institución educativa en Caylloma el 7 de mayo denunciaron maltrato a 23 estudiantes por parte de una profesora, lo que generó protestas y la separación de la docente mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

En ambos casos, la Apafa se posicionó como un actor clave en la defensa de los intereses de los estudiantes y en la promoción de una educación de calidad, transparente y libre de abusos. Su participación activa y su capacidad para denunciar irregularidades y exigir justicia demuestran su importancia como instituciones que velan por el bienestar y la integridad de la comunidad educativa.

“Como APAFA nos encargamos de la participación de los padres de familia en lo que es el medio educativo de sus hijos, trabajamos junto a los comités de aula que son como nuestras extremidades, para diversas actividades, pero para hacer seguimiento en el Gobierno Regional, la UGEL y la DREA nos turnamos. Trabajamos para que los niños sean la prioridad en la institución educativa”

Marìa Càceres conforma el comité de APAFA a nivel provincial, entidad que se encarga de ver cómo están los colegios, por ejemplo, el Qali Warma, “Los padres de familia, las inquietudes, los colegios si tienen buena infraestructura. Y pensar por la educación de los niños, ya que ellos son la prioridad.”

“Nos reunimos cada cierto tiempo y atendemos sus inquietudes que tienen para poder resolver y acompañarlos a donde tienen que gestionarse, realizarse algún trámite, un procedimiento”

En una entrevista para Revelación, María Cáceres informó que no reciben el apoyo del gobierno regional y que cada año empiezan de cero debido a los nuevos funcionarios y la nueva gestión “Es como volver a empezar de cero” acotó.