UNA MENOR, UN MAESTRO Y UN SISTEMA QUE NO PROTEGE

 ARTICULO DE OPINIÓN

Por: Oneida Chayña López

La noche del jueves 19 de junio, el interior del hostal La Princesa, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, fue escenario de una escena que debería estremecernos como sociedad. Una joven de apenas 17 años, estudiante de la Universidad San Martín de Porres, fue víctima de una extorsión estudiantil que bordea lo monstruoso. El supuesto guía, el supuesto mentor, ese hombre que debía formar y acompañar su camino académico, terminó siendo su verdugo emocional.

Ronald Vilca, docente de 47 años y natural del Cusco, fue hallado junto a la estudiante en una de las habitaciones de ese establecimiento. Según la denuncia, él condicionó la mejora de sus calificaciones a cambio de un encuentro privado. Fue una amiga de la víctima quien, con el valor que a veces falta en las instituciones, alertó a las autoridades para evitar que se concretara esa cita impuesta, chantajista, perversa.

Hoy me pregunto: ¿hasta cuándo?

¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que los hoteles abran sus puertas sin filtro, sin ética, sin respeto por la ley? ¿Hasta cuándo vamos a vivir en una ciudad que prefiere mirar a otro lado, mientras una menor cruza el umbral de un hostal? Esa entrada jamás debió permitirse. Esa entrada es ilegal. Y sin embargo, ocurrió.

Las autoridades anuncian, como siempre, la fiscalización. Pero es tarde. Siempre es tarde. Las acciones deben ser preventivas, no reactivas. No pode
mos permitir que se actúe solo después de que el daño está hecho, cuando ya hay una víctima que carga con una experiencia traumática, una familia afectada, una comunidad conmocionada.

La solución planteada ha sido iniciar operativos de fiscalización a hostales que infringen la ley, pero eso no basta. Son demasiadas las infracciones acumuladas, demasiadas las señales ignoradas. ¿Por qué no se actuó antes? ¿Por qué el control no es permanente, riguroso y comprometido? Cada vez que se permite un acto así, no sólo se vulnera a una persona, se fractura la idea de justicia y seguridad que debería protegernos a todos.

No es justo que algunos inmuebles se conviertan en facilitadores de estas prácticas, que prioricen sus ingresos sobre la vida y bienestar de las personas. No es justo que un maestro se transforma en amenaza. No es justo que una menor tenga que enfrentar sola el peso de un sistema indiferente.

Y, sobre todo, no es justo que la sociedad calle. Porque cuando todos callan, el silencio se vuelve cómplice.