ARTÍCULO DE OPINIÓN
Por: Karen Pinto Cahuana 
La informalidad laboral torna invisible al trabajador. Según el INEI, en 2019 el 72,7 % de la población ocupada era informal. En 2023 todavía el 71,1 % de los empleos eran informales. Es el mismo número de siempre. Tres de cada cuatro personas trabajan sin protección legal.
El informe de 2022 confirma la tendencia: la informalidad alcanzó el 75,7 %. Y en 2023, descendió a 71,9 %, no por formalización, sino por pérdida de empleos. Es un espejismo: menos informalidad, pero menos trabajo.
La informalidad no solo es cifra. Es falta de seguro, vacaciones, gratificaciones, estabilidad. El trabajador informal no puede planificar. Y peor aún, no goza de protección en caso de enfermedad, accidente o despido injusto.
La remuneración mínima vital (RMV), a partir del 1 de enero del presente año fue incrementada en 105 soles, alcanzando los 1130 soles. Muchas microempresas no pueden asumir ese sueldo legal y optan por el empleo informal.
Hay sectores especialmente afectados. En agricultura el 93,5 % del trabajo es informal. En comercio, 72,1 %. Son los motores de nuestra economía. Pero también los mayores focos de precariedad.
Los trabajadores domésticos son otro grupo olvidado. En 2020 había 244 726 y el 86,9 % trabajaba en la informalidad. Solo 12 702 están registrados en 2024. Trabajo sin seguridad. Sin descanso. Sin reconocimiento.
La informalidad golpea más a mujeres y jóvenes. El INEI reporta que el 75,8 % de las mujeres ocupadas son informales, frente al 70,3 % de los hombres. Y los jóvenes pagan más caro: entre 14 y 24 años, ocho de cada diez no tienen empleo formal .
El Estado promete la formalización. El plan al 2030 busca bajar informalidad al 60 %. Pero sin inversión real en inspección, acceso a crédito, seguridad social. Sin eliminar trabas burocráticas, el plan es sólo letra.
El derecho al trabajo digno es importante. No basta con tener un empleo. Debe tener derechos. Ya los tenemos escritos en la ley: seguro, pensiones, condiciones. El problema es que no se aplican.
Trabajar sin esos derechos es vivir con miedo. Miedo a enfermar y no tener seguro. Miedo a quedarse sin ingresos por una baja. Miedo a ser echado sin motivo. Eso no es dignidad. Es abuso.
Este 1 de mayo no celebramos. Exigimos. Exigimos un empleo con derechos. Exigimos un Estado que trace rutas reales: incentivos para micro y pequeñas empresas que formalicen sin cerrar; fiscalización efectiva; acceso al crédito para trabajadores independientes formales; facilitar registros para trabajadores del hogar y comercios informales.
Pacto entre empleadores, trabajadores y Estado. El trabajador aporta con formalidad. El empleador cumple la ley. El Estado acompaña con apoyo y controla infracciones.
Este no es un cambio rápido. Requiere voluntad política. Requiere presupuesto y planificación. Pero no es imposible. Las soluciones existen. Están probadas en otros países. Aquí solo falta decisión.
El trabajo sin derechos es abuso. Lejos de la justicia. Lejos de la dignidad. Si no cambiamos ese rumbo, el próximo 1 de mayo será otro reclamo sin respuesta. Y la precariedad seguirá siendo la realidad para millones.
Trabajar no debería significar sufrir. Debería ser crecer, protegerte, vivir sin miedo. Ese es el trabajo digno. Ese es nuestro derecho.
La informalidad golpea más a mujeres y jóvenes. El INEI reporta que el 75,8 % de las mujeres ocupadas son informales, frente al 70,3 % de los hombres. Y los jóvenes pagan más caro: entre 14 y 24 años, ocho de cada diez no tienen empleo formal .
El Estado promete la formalización. El plan al 2030 busca bajar informalidad al 60 %. Pero sin inversión real en inspección, acceso a crédito, seguridad social. Sin eliminar trabas burocráticas, el plan es sólo letra.
El derecho al trabajo digno es importante. No basta con tener un empleo. Debe tener derechos. Ya los tenemos escritos en la ley: seguro, pensiones, condiciones. El problema es que no se aplican.
Trabajar sin esos derechos es vivir con miedo. Miedo a enfermar y no tener seguro. Miedo a quedarse sin ingresos por una baja. Miedo a ser echado sin motivo. Eso no es dignidad. Es abuso.
Este 1 de mayo no celebramos. Exigimos. Exigimos un empleo con derechos. Exigimos un Estado que trace rutas reales: incentivos para micro y pequeñas empresas que formalicen sin cerrar; fiscalización efectiva; acceso al crédito para trabajadores independientes formales; facilitar registros para trabajadores del hogar y comercios informales.
Pacto entre empleadores, trabajadores y Estado. El trabajador aporta con formalidad. El empleador cumple la ley. El Estado acompaña con apoyo y controla infracciones.
Este no es un cambio rápido. Requiere voluntad política. Requiere presupuesto y planificación. Pero no es imposible. Las soluciones existen. Están probadas en otros países. Aquí solo falta decisión.
El trabajo sin derechos es abuso. Lejos de la justicia. Lejos de la dignidad. Si no cambiamos ese rumbo, el próximo 1 de mayo será otro reclamo sin respuesta. Y la precariedad seguirá siendo la realidad para millones.
Trabajar no debería significar sufrir. Debería ser crecer, protegerte, vivir sin miedo. Ese es el trabajo digno. Ese es nuestro derecho.
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