Por: Oneida Chayña Lopez
El viceministro del Ministerio Público confirmó este 11 de junio que Tomás Gálvez Villegas ha sido oficialmente restituido como Fiscal Supremo por orden del Tribunal Constitucional. Víctor Cubas, vocero de la institución, calificó de “prepotente” la forma en que Gálvez acudió a la sede sin solicitar audiencia con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien se negaba a recibirlo hasta que regularizara el procedimiento.
Aunque el fallo judicial obliga su reintegro, Cubas señaló que Gálvez aún debe presentar documentación que acredite su desvinculación de afiliaciones políticas —un requisito indispensable para ejercer la función—, antes de retomar formalmente su cargo . El vocero enfatizó que, si bien la norma respalda su restitución, el alto funcionario debe respetar los protocolos institucionales.
Aunque el fallo judicial obliga su reintegro, Cubas señaló que Gálvez aún debe presentar documentación que acredite su desvinculación de afiliaciones políticas —un requisito indispensable para ejercer la función—, antes de retomar formalmente su cargo . El vocero enfatizó que, si bien la norma respalda su restitución, el alto funcionario debe respetar los protocolos institucionales.
En paralelo, el Congreso aprobó la Ley de Amnistía para miltares, policías y comités de autodefensa implicados en crímenes del conflicto armado interno (1980‑2000), una norma que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que la califican de impunidad encubierta, ya que exonera tanto a sujetos con procesos en curso como sujetos sentenciados por delitos no vinculados a terrorismo.
Autores de la ley, como el congresista Fernando Rospigliosi, defendieron la medida bajo un argumento humanitario, alegando que beneficia a personas de la tercera edad atrapadas en trámites judiciales prolongados, un enfoque respaldado por una mayoría parlamentaria conservadora. Sin embargo, organismos como Amnistía Internacional y WOLA advirtieron que la iniciativa vulnera compromisos internacionales y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El choque entre estas decisiones —una sobre la legitimidad del Ministerio Público y otra sobre el alcance de la impunidad legislativa— revela la tensión entre el sistema judicial y el Legislativo, en un contexto donde confluyen la institucionalidad, la política y los derechos de las víctimas. Así, el país enfrenta una encrucijada institucional que podría definir el rumbo de la justicia y la actuación del Estado en los próximos años.
Autores de la ley, como el congresista Fernando Rospigliosi, defendieron la medida bajo un argumento humanitario, alegando que beneficia a personas de la tercera edad atrapadas en trámites judiciales prolongados, un enfoque respaldado por una mayoría parlamentaria conservadora. Sin embargo, organismos como Amnistía Internacional y WOLA advirtieron que la iniciativa vulnera compromisos internacionales y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El choque entre estas decisiones —una sobre la legitimidad del Ministerio Público y otra sobre el alcance de la impunidad legislativa— revela la tensión entre el sistema judicial y el Legislativo, en un contexto donde confluyen la institucionalidad, la política y los derechos de las víctimas. Así, el país enfrenta una encrucijada institucional que podría definir el rumbo de la justicia y la actuación del Estado en los próximos años.
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