Por: Oneida Chayña Lopez
Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, el catedrático —natural de Cusco— habría presionado a la menor para sostener relaciones sexuales, supuestamente como condición para mejorar sus notas en el curso que dictaba. Además, se le acusa de haberle exigido dinero en circunstancias que aún están bajo indagación.
El ingreso al hospedaje fue registrado por personal del establecimiento, lo que facilitó la rápida intervención de las autoridades, quienes vienen recabando pruebas para determinar el grado de responsabilidad del investigado.
La Universidad San Martín de Porres aún no se ha pronunciado públicamente sobre el caso. Por su parte, la Defensoría del Pueblo exhortó a que se brinde asistencia legal y psicológica a la menor, y se garantice el debido proceso para sancionar de manera ejemplar cualquier vulneración de derechos.
El caso ha generado alarma en la comunidad académica y reaviva el debate sobre la necesidad de mecanismos más estrictos de control y protección para estudiantes en entornos educativos.
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