CHOFERES BAJO AMENAZA Y UN ESTADO EN SILENCIO

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Por: Nayely Kassandra Luque Yanqui                                              

 

 

 

La reciente ola de asesinatos contra choferes de combis en Perú no solo es alarmante por la brutalidad con la que se llevaron a cabo estos ataques, sino también por la respuesta casi nula del Estado. Los asesinatos de conductores como Rutnam Berríos y José Luis Ontiveros en Comas, son una evidencia desgarradora de cómo la extorsión tomó el control de un sector esencial, que abordamos casi a diario, dejando a los transportistas y sus familias sumidos en el miedo y la impotencia.

Los conductores de combis y buses en zonas de Lima, donde se desató todo, se convirtieron en víctimas de una guerra territorial entre bandas criminales, quienes buscan monopolizar el cobro de cupos mediante amenazas y asesinatos selectivos. Aunque, como declara Nicolás Zevallos Trigoso, criminólogo y experto en seguridad pública, esto puede parecer algo nuevo, pero en Trujillo ya pasa desde hace 10 o 15 años, pues los taxis eran conocidos con stickers asociados a determinadas bandas y la obligación de esos taxistas a pagar cupo a las mismas. Entonces, no es un tema nuevo, es algo que ya ocurría en nuestro país.

Sin embargo, frente a esta realidad, lo más frustrante es la inacción de un Estado que parece ciego y sordo ante la crisis de inseguridad que afecta a miles de ciudadanos. La vida de cada chofer que sale a trabajar está en riesgo, y el Estado, cuyo deber es proteger a sus ciudadanos, es incapaz de responder de manera contundente a las demandas de seguridad de este gremio.

La situación alcanzó un punto crítico cuando los transportistas decidieron tomar las calles y manifestarse, en una marcha que reflejó la desesperación de quienes ven sus vidas y medios de subsistencia bajo constante amenaza. Sin embargo, este esfuerzo, lejos de provocar una reacción eficiente y concreta de las autoridades, apenas recibió atención. Los transportistas exigían la intervención efectiva de la Policía, la presencia de las fuerzas de seguridad en sus rutas, y el desmantelamiento de las bandas de extorsionadores. ¿La respuesta del Estado? El silencio.

Tan solo semanas después, estos crímenes aumentaron, ya que las denuncias en otras regiones no paraban de hacerse notar. La siguiente zona afectada sería la ciudad blanca. Adolfo Paco Mamani, presidente de la Cámara de Empresas de Taxis de la Región Arequipa (Cetara Aqp), informó que algunos taxistas que ofrecen sus servicios a través de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres fueron amenazados y obligados a pagar cupos diarios que oscilan entre 5 y 15 soles, a cambio de "protección" para poder trabajar en paz. ¿Le parece esto bien al gobierno? ¿Es justo que personas que contribuyen al país a través de impuestos tengan que pagar a delincuentes que solo buscan enriquecerse a costa de su esfuerzo?

Si los choferes no pueden trabajar sin el temor a ser asesinados, ¿quiénes pueden asegurar que los pasajeros están seguros en estas rutas?

Este patrón de indiferencia y negligencia gubernamental en casos de inseguridad resaltan el abandono que sufren las poblaciones más vulnerables. Es difícil no preguntarse si la situación recibiría otra respuesta si los ataques ocurrieran en zonas de mayor poder económico. Al observar que el gobierno y la mandataria del Perú no se preocupan por sus ciudadanos, los delincuentes aprovecharán la situación para apoderarse del país. Ven un Estado ausente, incapaz de garantizar su seguridad o de responder a sus demandas de justicia

Es urgente que el Estado deje de evadir su responsabilidad y enfrente la inseguridad en el transporte público con la seriedad y prontitud que demanda. En una democracia, el derecho a vivir sin miedo es fundamental, y el Estado tiene la obligación de garantizarlo.