Por: Lucero Nayeli Paredes Cornejo
Hace treinta años la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraba la homosexualidad como una enfermedad mental, esto agravó la historia de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) pues durante muchos años sufrieron exclusión, rechazo y discriminación simplemente por vivir su identidad de género u orientación sexual de forma oculta. Aunque existen avances importantes en las últimas décadas, las personas LGBTIQ+ aún enfrentan enormes desafíos, pues la homosexualidad sigue siendo ilegal en 70 países lo que eleva los casos de violencia y discriminación contra este colectivo.
En América Latina y el Caribe la situación está lejos de ser la ideal. Solo el 24% de los países reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, además, el 67% todavía no cuenta con leyes que prohíban la discriminación contra las personas LGBTI+ y el 64% carece de legislación sobre identidad de género. Incluso en Colombia y Brasil donde se lograron avances significativos en igualdad matrimonial, se siguen registrando cientos de asesinatos de personas LGBTIQ+ cada año.
En el Perú durante el 2016, la Defensoría del Pueblo destacó la vulnerabilidad de este grupo en su derecho de vivir una vida libre de violencia, registrando 38 muertes trágicas entre el 2012 y 2014, y 114 casos de bullying homofóbico reportados a nivel nacional entre enero de 2014 y junio de 2016. Por otra parte, el Ministerio Público reportó 88 víctimas de muertes dolosas de personas LGBTI+ entre enero de 2012 y mayo de 2021.
La situación de salud para este grupo también es preocupante, la Defensoría señaló que persisten las prácticas de estigmatización y discriminación que limita el acceso a servicios especializados. Además, la falta de reconocimiento de las uniones civiles entre parejas del mismo sexo y la escasa participación del colectivo en el diseño y gestión de políticas públicas son barreras significativas.
Este contexto contrasta con eventos históricos como los disturbios de Stonewall en Nueva York el 28 de junio de 1969. Durante la madrugada, en el bar Stonewall Inn -uno de los pocos espacios de libertad para la comunidad LGBTIQ+- los asistentes se resistieron a un intento de arresto por parte de las autoridades, desencadenando un movimiento por los derechos civiles y humanos del colectivo en todo el mundo, desde entonces las marchas del orgullo son una celebración de resistencia y una plataforma para sus demandas sociales.
A pesar de que en diversos países del mundo se superaron leyes que penalizaban las prácticas homosexuales y se avanzó en eliminar la discriminación, legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y respetar la identidad sexual de las personas transexuales, los derechos del colectivo no siempre son respetados en muchas partes del mundo. La Amnistía Internacional, que desde 1991 trabaja por los derechos de las personas LGBTIQ+, señala que con o sin un marco legal, se les niega el disfrute en condiciones de igualdad de su derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física.
En pleno siglo XXI, grupos activistas consideran que el Perú dio un paso atrás en materia de exclusividad al utilizar una clasificación obsoleta de la OMS, al promulgar un decreto que cataloga a las personas trans como “enfermos mentales”. El Decreto Supremo en cuestión es el 023-2021-SA que utiliza la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10 de la OMS, promulgada en 1992, que reconoce como enfermedad mental la transexualidad y otras identidades de género.
La medida lanzada el 10 de mayo, solo una semana antes del Día Internacional contra la Homofobia, fue duramente criticada por organizaciones y activistas, ya que esto podría impulsar prácticas discriminatorias y violentas contra el colectivo, generando indiferencia a este grupo que merece ser respetado por el simple hecho de ser seres humanos.
La falta de denuncias es también un tema preocupante debido a que el 95% de las víctimas de discriminación no reportan los incidentes, citando la "pérdida de tiempo" como la principal razón para no buscar ayuda. Esta situación refleja una profunda desconfianza en las instituciones y una percepción de que la sociedad peruana no respeta la orientación sexual o identidad de género de las personas.
Es alarmante que en pleno siglo XXI, un país con el deber de salvaguardar y tratar a todos sus ciudadanos por igual apruebe un decreto tan regresivo. En pleno 2024 esta medida no solo pone en peligro los derechos y la dignidad de la comunidad la comunidad LGBTIQ+ sino que también podría agravar la violencia que ya enfrentan, es indispensable que se reconozca que todos somos seres humanos y somos iguales en derechos sin importar cuál sea nuestra identidad de género u orientación sexual.
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