Por: Lucero Nayeli Paredes Cornejo
El viernes 10 de mayo de este año la fiscalía detuvo a Nicanor Boluarte, hermano de la Presidenta del Perú, por presuntos delitos de tráfico de influencias y ser parte de una organización criminal, esta situación resulta angustiante para la sociedad peruana porque se evidencia –una vez más- que la corrupción tiene sus raíces en las más altas esferas de poder del Perú.
Durante años el país estuvo marcado por la corrupción de autoridades que utilizan su influencia y posición como estrategia para accionar bajo sus propios intereses. La Ley 30294 prohíbe a funcionarios, directivos y servidores públicos contratar o inducir a otro a hacerlo, respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. El caso del hermano mayor de la Presidenta del Perú, es una muestra del mal manejo en la administración pública porque pese a no tener un cargo público, direcciona la designación de prefectos y subprefectos para puedan apoyar en una próxima campaña electoral.
La posición de la población peruana es clara, según el estudio de opinión pública nacional de la Compañía de Estudios de Mercado y Opinión Pública S.A.C. - CPI, realizado del 27 de mayo al 2 de junio de 2024, revela que el 76.5% de los encuestados considera que Nicanor es culpable de tráfico de influencias e integrar una organización criminal, mientras que el 21.5% no precisa una posición sobre el hecho. Esto refleja una clara desconfianza al gobierno de Dina Boluarte, donde prevalece la burocracia y el nepotismo.
Los hechos que se le imputan al hermano de la presidenta incluyen la presunta participación en influencias ilícitas para la designación de prefectos y subprefectos en diversas regiones del país. Por otra parte, Nicanor Boluarte buscaba recolectar firmas para la inscripción de su partido Ciudadanos por el Perú, que requiere de 32,000 firmas, pero el JNE habría detectado al menos 500 rúbricas falsificadas; también se le acusa de solicitar montos económicos a los prefectos y subprefectos para esta organización política con la finalidad de ocupar dichos cargos y otros dentro del Estado. Finalmente, se le atribuye injerencia en el nombramiento de Juan José Enciso Torres como director ejecutivo de Provias Descentralizado.
¿Es acaso Nicanor Boluarte inocente?. ¿Su liberación es un acto justo? o solo es impune a la ley. Recordemos que la fiscalía habría detectado que Mateo Castañeda Segovia, abogado de la Presidenta y de su hermano, también habría querido injerir en la investigación contra Nicanor al buscar representantes del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder para obtener información de las acciones que iban a realizar; sin embargo, al tener una respuesta negativa, se habrían desplegado acciones en contra del equipo.
Este caso es una clara evidencia de cómo la corrupción puede infiltrarse en los más altos niveles del gobierno, lo que a diario se ve representado en la falta de confianza pública hacia el gobierno peruano. Lamentablemente la corrupción en el Perú es un ciclo de impunidad, donde se denuncia el hecho, se investiga, existen pruebas, pero finalmente no se llega a aplicar justicia.
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