lunes, 25 de septiembre de 2017

DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECHAZA EL USO DEL CASTIGO FÍSICO Y HUMILLANTE O CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

La Defensoría del Pueblo (DP) rechaza el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes en cualquier espacio de interacción, sea en el ámbito familiar, educativo o social, entre otros.

La Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia así como el Programa de Defensa y Promoción de las personas con discapacidad de la DP recuerdan que estos actos - prohibidos en nuestro marco legal - causan una variedad de consecuencias negativas para la salud y bienestar en todos los ámbitos y etapas posteriores de la vida.

Por tal motivo, se exhorta a las autoridades del Estado, a través de las entidades competentes, a garantizar ambientes públicos y privados sin ningún tipo de violencia y con las condiciones necesarias para el desarrollo y bienestar integral de la niñez y adolescencia en nuestro país.

En las últimas horas, han sido denunciadas diversas situaciones que han puesto en evidencia estas conductas prohibidas, tal como ocurrió en un Centro de Educación Básica Especial, en Tambogrande, Piura, con dos niños. Cabe señalar que los efectos de la discapacidad de un niño o niña en su calidad de vida dependen en gran parte de la manera como son tratados por otras personas, especialmente, en su hogar o centro escolar. Similar caso de conducta prohibida ocurrió en Arequipa, en donde en un centro comercial una madre agredió físicamente a su hijo en público, generando el rechazo inmediato de la ciudadanía.

Ante estos hechos, la DP viene supervisando las actuaciones de las autoridades correspondientes a fin de que brinden una atención inmediata y efectiva que asegure el bienestar físico y emocional de los niños y las niñas afectadas, de conformidad con el respeto a su derecho a la integridad, a la salud física y mental, y al buen trato por parte de sus padres y cualquier persona bajo su cuidado, así como a vivir en un entorno libre de violencia. 

Finalmente, la Defensoría del Pueblo considera que el Estado, la familia y la sociedad en su conjunto deben cumplir con la obligación permanente de protección especial a las personas más vulnerables.

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