La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley N° 959 que permitirá que los comedores populares funcionen como talleres productivos y las mujeres que ahí laboren, puedan recibir un certificado de trabajo.
La iniciativa legislativa N° 959/2016-CR que promueve a los comedores populares como unidades productivas, fue presentada por la congresista por Arequipa, Alejandra Aramayo Gaona.
“Queremos reconocer las horas y el tiempo de trabajo de las mujeres a través de un certificado que permitirá en el futuro que ellas puedan ser incorporadas en un escenario laboral. Las mujeres que han dado por mucho tiempo su vida y dedicación, van a ser reconocidas por parte del Estado”, precisó la parlamentaria.
Explicó que se pretende fomentar el trabajo productivo con especialidades adecuadas a cada región del país, beneficiando especialmente a madres de familia y mujeres que operan en los comedores populares, asimismo a las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad.
Se plantea que los gobiernos locales gestionen convenios de cooperación, con el objeto que se preste asistencia a los beneficiarios sobre incorporación de criterios técnicos para la gestión y sostenibilidad de los comedores populares, facilitando su administración, así como a la capacitación para el empleo y el emprendimiento de los asociados y beneficiarios.
Asimismo, con el objeto de fomentar el derecho al trabajo reconocido en el artículo 22 de la Constitución Política del Perú, se precisa que los gobiernos locales deben certificar las labores realizadas por los beneficiaros de los comedores populares, lo cual servirá de sustento para acreditar experiencia al postular a una plaza de trabajo.
Aramayo Gaona indicó que, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la norma, los gobiernos locales deben informar el primer trimestre de cada año al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social las acciones adoptadas en cumplimiento de la presente norma, dicho sector a su vez debe informar por escrito y en sesión a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad.
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