La supervisión realizada por la
Defensoría del Pueblo en 90 servicios de emergencia de hospitales y 393
farmacias de todo el país, ha permitido contar con información que delata
serias deficiencias en el derecho al acceso a la salud. La jornada se enfocó en
los niveles de atención II y III del Ministerio de Salud, EsSalud, los
gobiernos regionales y establecimientos de la Policía Nacional del Perú, la
Fuerza Aérea y el Ejército Peruano. La necesidad de supervisar estos espacios
responde a que el servicio de emergencia es el ambiente donde se exige mayor
dedicación para realizar atenciones oportunas y de calidad, lo que refleja la
importancia de contar con un sistema eficiente.
Entre la información preocupante
que será entregada a las autoridades del Ministerio de Salud, se comprobó que
el 85% de atenciones no son emergencias (prioridad I y II), situación que
origina el congestionamiento y hacinamiento en dichos servicios. A ello se suma
el alto déficit de equipos y mantenimiento de los mismos, así como de insumos y
servicios complementarios para una atención brindada oportunamente, en especial
en los nosocomios administrados por los gobiernos regionales.
La situación de hacinamiento que
sufren los pacientes se ve reflejada en los siguientes datos, obtenidos por los
comisionados de la Defensoría: en el 66,7 % de los servicios de emergencia se
ha “institucionalizado” el uso de camillas en los pasillos; en el 62,2%,
hombres y mujeres comparten el mismo espacio de atención; el 79,8% de usuarios
permanece más de doce horas en espera, lo que aumenta el riesgo de contraer
infecciones intrahospitalarias, lo que además implica un costo adicional al
servicio brindado.
No menos alarmante resultó
evidenciar las dificultades que enfrenta el personal médico que labora en el
área de cirugías de emergencia, acceso a paquetes globulares, funcionamiento
del banco de sangre y pacientes pendientes de ingreso a la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI). En este último aspecto, el 28% de hospitales supervisados
tenía pacientes pendientes de su ingreso a dicho ambiente.
Al cabo de la supervisión a 393
farmacias y boticas de todo el país, la Defensoría del Pueblo comprobó que los
medicamentos genéricos tienen un precio sustancialmente más elevado en la
sierra y selva que en Lima y Callao. Por ejemplo, en Huancavelica los
medicamentos Sulfametoxazol + Trimetoprima tienen un costo de cuatro soles,
mientras que en la capital y el primer puerto son comercializados a dos soles.
El 32% de las personas
entrevistadas al término de su visita a los hospitales supervisados no encontró
todos los medicamentos e insumos
recetados en el establecimiento médico al que asistieron, lo que los obligaba a
adquirirlos en otros lugares, probablemente farmacias particulares, señala una
de las conclusiones del informe defensorial.
En las visitas se verificó que los
vendedores de 37% de los establecimientos farmacológicos visitados inducían a
adquirir medicamentos de marca, lo que está prohibido. Además, solo el 11% de
farmacias y boticas visitadas cuentan con la lista de precios, lo que significa
que el consumidor no tiene facilidades para tomar una decisión informada que
beneficie su salud, y constituye una barrera de acceso a los medicamentos.
Por otro lado, los medicamentos
de marca tienen un precio mucho mayor que los genéricos: pueden llegar a costar
más del 300%.
La Defensoría del Pueblo tiene
como línea de trabajo prioritario atender los problemas del sector salud en el
país. Por este motivo, seguirá supervisando la mejora de la calidad de los
servicios médicos en todo el país.
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