Los altos índices de violencia contra las mujeres ubican al Perú como el tercer país sudamericano con la tasa más alta de feminicidios íntimos, según la CEPAL; y como el segundo país con la tasa más alta de denuncias de violación sexual, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la OEA.
Frente a esta situación, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna señaló que el Estado peruano debe garantizar una política pública intersectorial e integral, que responda con la debida diligencia frente a las diversas formas de violencia contra las mujeres. Un aspecto relevante es que se garantice el acceso a justicia de las víctimas, evitando situaciones de impunidad y desprotección que atentan contra el derecho fundamental de las mujeres a una vida libre de violencia.
“Resulta lamentable que en recientes sentencias de casos mediáticos de violencia contra mujeres, se evidencien la falta de capacitación y especialización en temas de violencia género, resaltando prejuicios y estereotipos de género, como la valoración de la conducta sexual y social previa de las víctimas”, agregó el representante de la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, señalo que los avances normativos establecidos en la Ley N° 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y su reglamento; así como, el recientemente aprobado Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 -2021, reafirman la necesidad de que las y los operadores/as del sistema de justicia fortalezcan sus capacidades en la perspectiva de género y el acceso a justicia.
La Defensoría del Pueblo reitera sus recomendaciones vinculadas a la capacitación sostenida y descentralizada en género para magistrados/as; e incluir como criterio de evaluación la valoración expresa de la formación o especialización en género e interculturalidad. En este sentido, la institución saluda las medidas propuestas por la organización DEMUS, para garantizar el acceso a justicia de las víctimas de violencia sexual.
Vega Luna señaló que la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional, participará el sábado 13 de agosto en la marcha convocada por el movimiento #NiUnaMenos, reafirmando así el compromiso institucional con la promoción y la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres.
Asimismo, señalo que los avances normativos establecidos en la Ley N° 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y su reglamento; así como, el recientemente aprobado Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 -2021, reafirman la necesidad de que las y los operadores/as del sistema de justicia fortalezcan sus capacidades en la perspectiva de género y el acceso a justicia.
La Defensoría del Pueblo reitera sus recomendaciones vinculadas a la capacitación sostenida y descentralizada en género para magistrados/as; e incluir como criterio de evaluación la valoración expresa de la formación o especialización en género e interculturalidad. En este sentido, la institución saluda las medidas propuestas por la organización DEMUS, para garantizar el acceso a justicia de las víctimas de violencia sexual.
Vega Luna señaló que la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional, participará el sábado 13 de agosto en la marcha convocada por el movimiento #NiUnaMenos, reafirmando así el compromiso institucional con la promoción y la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres.
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