El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, expresó su saludo a las personas que forman parte de los 55 pueblos indígenas del Perú y recordó que el 9 de agosto de cada año rendimos homenaje a más de 370 millones de indígenas en el mundo.
“Estos pueblos han contribuido con su admirable riqueza a nuestra esencia nacional. Cada uno de ellos tiene un gran valor para nuestra vida social, espiritual, ambiental, económica y política”, indicó Vega, a la vez que saludó a las comunidades indígenas, a sus líderes y lideresas, así como a todas las personas de ascendencia indígena que habitan en las zonas rurales y urbanas.
El funcionario planteó que no debemos olvidar que los pueblos indígenas están afectados por la pobreza extrema, la indiferencia, la discriminación, la contaminación y el cambio climático. En efecto, el 60.4% de ellos se encuentra en situación de pobreza y el 20.1% en pobreza extrema.
El 51% de comunidades amazónicas no cuenta con un puesto de salud, y hacen falta 18 mil docentes bilingües para que las niñas y niños indígenas puedan recibir educación básica regular en su lengua materna. En materia de salud, el 71.9% de niños de comunidades nativas menores de 3 años tienen anemia, mientras que el 55.3% de niños menores de cinco años sufre de desnutrición crónica.
Vega Luna invocó al Estado a mejorar la calidad de la educación mediante el uso de las lenguas indígenas y garantizar el acceso a los servicios de salud para las comunidades alejadas de la Amazonía. Asimismo, precisó que el 10% de indígenas amazónicos no cuenta con DNI, lo cual impide que puedan acceder a la prestación de servicios y a programas sociales, por lo que solicitó redoblar los esfuerzos para revertir este problema.
“Es necesario que los representantes del Estado y los pueblos indígenas dialoguen y logren acuerdos. La realización de 26 procesos de consulta previa han generado un aprendizaje importante que debemos aprovechar para seguir mejorando su aplicación, especialmente en proyectos de inversión, en los cuales es necesario realizar la consulta en el marco de la evaluación de impacto ambiental” remarcó Vega, al recordar que dichos pueblos deben acceder a los beneficios que genera la explotación de los recursos naturales que están en sus territorios.
De otro lado, “la falta de titulación y protección de las tierras comunales propicia conflictos sociales y facilita la tala ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico” señaló Vega Luna, por lo que invocó al Estado a avanzar con la titulación de las comunidades campesinas y nativas, además de brindarles seguridad y protección a las personas para que no pierdan sus tierras y recursos vitales para su existencia.
También añadió que es crucial proteger el territorio los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial para que no sean invadidos por traficantes de recursos naturales, evangelizadores, entre otros, para proteger la vida e integridad de estas personas.
Indicó que el Poder Ejecutivo debe mejorar el recojo de información en el censo de población a realizarse el 2017 para afinar el diseño de las políticas públicas; y debe fortalecer al Ministerio de Cultura dotándole de mayor presupuesto que permita mejorar su capacidad técnica y despliegue territorial.
Asimismo, solicitó al Congreso de la República implementar la consulta previa para medidas legislativas y legislar a favor del derecho a la participación política de los pueblos indígenas debido a insuficiente presencia de sus representantes en los consejos municipales y regionales, así como en el Parlamento Nacional. Agregó que también hace falta legislar la coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena.
“Saldar la deuda histórica con los pueblos originarios debe ser un punto central de la agenda del Estado, en el que la participación de los pueblos indígenas en la vida económica, política y social permita alcanzar un Perú interculturalmente moderno y democrático” finalizó el Defensor del Pueblo.
El funcionario planteó que no debemos olvidar que los pueblos indígenas están afectados por la pobreza extrema, la indiferencia, la discriminación, la contaminación y el cambio climático. En efecto, el 60.4% de ellos se encuentra en situación de pobreza y el 20.1% en pobreza extrema.
El 51% de comunidades amazónicas no cuenta con un puesto de salud, y hacen falta 18 mil docentes bilingües para que las niñas y niños indígenas puedan recibir educación básica regular en su lengua materna. En materia de salud, el 71.9% de niños de comunidades nativas menores de 3 años tienen anemia, mientras que el 55.3% de niños menores de cinco años sufre de desnutrición crónica.
Vega Luna invocó al Estado a mejorar la calidad de la educación mediante el uso de las lenguas indígenas y garantizar el acceso a los servicios de salud para las comunidades alejadas de la Amazonía. Asimismo, precisó que el 10% de indígenas amazónicos no cuenta con DNI, lo cual impide que puedan acceder a la prestación de servicios y a programas sociales, por lo que solicitó redoblar los esfuerzos para revertir este problema.
“Es necesario que los representantes del Estado y los pueblos indígenas dialoguen y logren acuerdos. La realización de 26 procesos de consulta previa han generado un aprendizaje importante que debemos aprovechar para seguir mejorando su aplicación, especialmente en proyectos de inversión, en los cuales es necesario realizar la consulta en el marco de la evaluación de impacto ambiental” remarcó Vega, al recordar que dichos pueblos deben acceder a los beneficios que genera la explotación de los recursos naturales que están en sus territorios.
De otro lado, “la falta de titulación y protección de las tierras comunales propicia conflictos sociales y facilita la tala ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico” señaló Vega Luna, por lo que invocó al Estado a avanzar con la titulación de las comunidades campesinas y nativas, además de brindarles seguridad y protección a las personas para que no pierdan sus tierras y recursos vitales para su existencia.
También añadió que es crucial proteger el territorio los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial para que no sean invadidos por traficantes de recursos naturales, evangelizadores, entre otros, para proteger la vida e integridad de estas personas.
Indicó que el Poder Ejecutivo debe mejorar el recojo de información en el censo de población a realizarse el 2017 para afinar el diseño de las políticas públicas; y debe fortalecer al Ministerio de Cultura dotándole de mayor presupuesto que permita mejorar su capacidad técnica y despliegue territorial.
Asimismo, solicitó al Congreso de la República implementar la consulta previa para medidas legislativas y legislar a favor del derecho a la participación política de los pueblos indígenas debido a insuficiente presencia de sus representantes en los consejos municipales y regionales, así como en el Parlamento Nacional. Agregó que también hace falta legislar la coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena.
“Saldar la deuda histórica con los pueblos originarios debe ser un punto central de la agenda del Estado, en el que la participación de los pueblos indígenas en la vida económica, política y social permita alcanzar un Perú interculturalmente moderno y democrático” finalizó el Defensor del Pueblo.
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