Profesionales de distintas especialidades recomendaron
modificaciones a la legislación para reducir los conflictos sociales que se
multiplicaron en la última década en varias regiones al participar en el Foro
Panel V Cátedra San Agustín “Qué normas y políticas ambientales deben
modificarse en las industrias extractivas en el Perú? que inauguró la Dra. Erika Málaga como Jefa de la Oficina de Relaciones
Públicas de la UNSA en las instalaciones de la Sala María Nieves el miércoles
25 de julio.
El Abogado Jesús Gomes Urquizo, afirmó que en el país hay
alrededor de cinco mil normas ambientales, pero la mayoría de ellas no son
acatadas por diversas razones, al tiempo
de revelar que solo 10 municipios distritales de Arequipa han aprobado sus
sistemas locales de gestión ambiental, por lo que 19 municipios no lo han hecho
aun y podrían ser denunciados penalmente ante la fiscalía.
Agregó que los gobiernos regionales y locales deberían de
participar en el proceso de concesiones de recursos naturales ya que son los
ministerios del poder ejecutivo quienes monopolizan esas atribuciones que
deberían ser transferidas a los gobiernos descentralizados, al tiempo de
sugerir que falta más precisiones a los estándares de calidad ambiental y
limites máximos permisibles. Planteó también que debe perfeccionarse el sistema
nacional de estudio de impacto ambiental y debería incluirse estudios de
impacto social para evitar que la población sea marginada, así como debería de
establecerse un nuevo marco regulatorio sancionador por incumplimiento de
acuerdos y compromisos por parte de las empresas, sugiriendo finalmente que es
urgente una nueva ley de canon y regalías.
El Químico, Dr. Félix Cuadros Pinto, enfatizo que la mayoría
de empresas plagian los estudios de impacto ambiental (EIA) y el ministerio de
energía minas no es riguroso en la evaluación, al tiempo de sugerir que debería
de perfeccionarse los monitoreos ambientales por parte de la OEFA que no está
cumpliendo con su rol. Lamentó que el ministerio de agricultura y el INGEMET no
coordinen la otorgación de concesiones creando conflictos sociales en el
interior del país y denunció que las organizaciones estatales de medio ambiente
no cuentan con personal capacitado para efectuar controles rigurosos a los
estudios que presentan empresas ya que la mayoría de ellos son contratados,
afirmando que en los gobiernos locales y regionales no cuentan con
profesionales para realizar evaluaciones serias, por lo que los colegios
profesionales y universidades deberían asumir ese rol que debería considerarse
en la nueva legislación.
La Abogada Gladis Márquez en representación de la Autoridad
Regional del Medio Ambiente, sostuvo que los EIA de los grandes y medianos
proyectos mineros deben ser consultados a los gobiernos regionales y
provinciales para evitar los conflictos sociales y manifestó que es urgente
modificar esa ley, ya que hay plagios frecuentes de esos estudios por parte de
muchas empresas los que no son evaluados
por los organismos estatales. Expresó asimismo que el ministerio de energía
minas debe promover las inversiones mineras, pero los EIA deben ser evaluados
por el ministerio del ambiente, al tiempo de advertir que falta mayor
fiscalización a todos los sectores de la producción extractiva, ya que no solo
en el sector minero hay violación a las normas legales, reconociendo finalmente
que la autoridad regional ambiental está a un débil en la supervisión a la
minería informal, por lo que redoblaran su trabajo para imponer sanciones que
contempla le legislación vigente.
El Biólogo, Dr. Percy Jiménez de ICIGA de la UNSA, precisó
que en el país hay excesivas normas la mayoría de las cuales no se cumplen
porque carecemos de una política educativa ambiental y de sanciones por las
organizaciones estatales. Señaló que no es posible que el ministerio de energía
promueva la inversiones mineras y ella sea quien apruebe los EIA, cuando esa
labor debería ser realizada por el ministerio de ambiente, por lo que esa norma
debería modificarse. Agregó también que la población no debe ser rigurosa solo
con la minería, sino también con el sector pesquero, agrícola, forestal, ya que
en esos sectores también hay contaminación, al tiempo de lamentar que el poder
ejecutivo para modificar las normas respecto a las industrias extractivas solo
haya convocado a nueve ministerios, marginando a los gobiernos descentralizados
para mejorar la legislación y reducir los conflictos sociales.
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