Por: Oneida Chayña Lopez
La reciente adquisición de Telefónica del Perú por parte del grupo argentino Integratec ha generado expectativas y preocupaciones entre los usuarios, según indicó Federico Cárdenas Quirós, presidente de la Asociación en Defensa del Consumidor en Arequipa. Aunque se ha anunciado una inversión de más de 100 millones de dólares para implementar la tecnología 5G en el país, persisten dudas sobre la capacidad del regulador OSIPTEL para fiscalizar este proceso con eficacia.
Cárdenas explicó que, si bien el 5G representará un salto significativo en la velocidad y calidad del servicio —similar a pasar “de la carreta al carro”—, la instalación de esta tecnología exige reemplazar la infraestructura existente, como antenas, lo cual implica una inversión estimada entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Sin embargo, denunció que actualmente en Arequipa hay una brecha de conectividad significativa: de las 1.400 antenas necesarias para una cobertura óptima 4G, solo existen alrededor de 345.
Además, el representante del consumidor señaló que existen serias fallas en el proceso de portabilidad, en el que algunos operadores dificultan el cambio de empresa de los usuarios. Aseguró que semanalmente reciben al menos 20 llamadas de personas que denuncian trabas, como negativas arbitrarias o intentos de retención con ofertas engañosas. Frente a ello, la asociación ha solicitado una reunión con OSIPTEL para presentar pruebas y exigir acciones inmediatas.
Por otro lado, Cárdenas criticó el desempeño del regulador OSIPTEL, al que acusó de haberse quedado en el tiempo. Lamentó que las audiencias públicas ahora se realicen solo de forma virtual, reduciendo la participación ciudadana y restando transparencia a procesos claves como la fijación de tarifas. “Antes se convocaba a la gente de manera presencial, ahora nadie se entera”, subrayó.
Finalmente, cuestionó que, pese a ser históricamente una de las empresas más quejadas, hoy Integratec mantenga el dominio del mercado con más del 70 % de participación. Sin embargo, alertó que otras operadoras más pequeñas están registrando proporcionalmente más reclamos que Movistar, especialmente por problemas de atención y cambios de servicio. En ese contexto, urgió mayor fiscalización y una estrategia clara para cerrar la brecha digital, en coordinación con municipios y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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