Por: Oneida Chayña Lopez
Juan Carlos Huanca Molero, consejero regional por la provincia de Islay, encabezó una fiscalización el pasado 23 de mayo en el instituto de Cocachacra, donde descubrió la operación de grupos de mineros informales e ilegales. La inspección fue conjunta con la Gerencia Regional de Energía y Minas, autoridades municipales y la Policía Nacional, confirmó la presencia de campamentos improvisados y maquinaria para extracción de minerales en los sectores de Quelgua y Carrizal .
La intervención detectó herramientas básicas, materiales de campamento y un sistema de transporte con andariveles, evidencias claras de que la extracción de minerales ya estaba en marcha, aunque aún no se cuenta con un registro exacto de la cantidad de trabajadores ni del volumen de actividad. Pese a su naturaleza artesanal, esta operación genera alarma local debido a su extensión y continuidad.
La intervención detectó herramientas básicas, materiales de campamento y un sistema de transporte con andariveles, evidencias claras de que la extracción de minerales ya estaba en marcha, aunque aún no se cuenta con un registro exacto de la cantidad de trabajadores ni del volumen de actividad. Pese a su naturaleza artesanal, esta operación genera alarma local debido a su extensión y continuidad.
La comunidad del valle de Tambo ha manifestado su temor por la contaminación hídrica, especialmente por el impacto en la agricultura y la piscicultura local, como la cría de camarón. Estos grupos informales operan sin estudios de impacto ambiental ni protocolos de mitigación, elevando el riesgo de comprometimiento del agua del río Tambo.
Desde abril, el Consejo Regional de Arequipa aprobó un informe que señala vertimientos de aguas residuales de centros poblados como Chucarapi, Pampa Blanca y Buenos Aires, lo cual agrava la situación. Además, existen antecedentes de emergencia ambiental por contaminación minera en distritos del valle, promovida por actividades como las de la empresa Aruntani en la cuenca del Tambo y el río Coralaque.
Frente a este escenario, Huanca solicitó “una acción inmediata” por parte del Gobierno Regional y del Ministerio de Energía y Minas para erradicar estos campamentos informales y proteger los recursos hídricos de la zona. La ausencia de censos oficiales, controles ambientales y respuesta institucional efectiva dejan al valle de Tambo en una situación de vulnerabilidad crítica, con repercusiones sociales y ambientales crecientes.
Desde abril, el Consejo Regional de Arequipa aprobó un informe que señala vertimientos de aguas residuales de centros poblados como Chucarapi, Pampa Blanca y Buenos Aires, lo cual agrava la situación. Además, existen antecedentes de emergencia ambiental por contaminación minera en distritos del valle, promovida por actividades como las de la empresa Aruntani en la cuenca del Tambo y el río Coralaque.
Frente a este escenario, Huanca solicitó “una acción inmediata” por parte del Gobierno Regional y del Ministerio de Energía y Minas para erradicar estos campamentos informales y proteger los recursos hídricos de la zona. La ausencia de censos oficiales, controles ambientales y respuesta institucional efectiva dejan al valle de Tambo en una situación de vulnerabilidad crítica, con repercusiones sociales y ambientales crecientes.
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