VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN AREQUIPA: UNA HERIDA ABIERTA EN LA SOCIEDAD

INFORME ESPECIAL

Por: David Flores

La violencia contra la mujer sigue siendo una de las heridas más abiertas y dolorosas en la región de Arequipa, reflejo de una problemática estructural que atraviesa todo el país. Pese a los esfuerzos institucionales, las estadísticas siguen mostrando una realidad alarmante, marcada por la persistencia de agresiones físicas, sexuales y psicológicas. En comparación a los años anteriores, se observa que los números, lejos de tranquilizar, exigen una lectura crítica y profunda que va más allá del conteo frío de denuncias y sentencias.

Durante los dos primeros meses del 2025, la Corte Superior de Justicia de Arequipa dictó 277 sentencias contra agresores sexuales. Esta cifra, aunque representa un trabajo constante de los juzgados subespecializados en violencia de género, proyecta una tendencia que podría cerrar el año con una cantidad inferior a las 2,053 sentencias emitidas en 2024. En 2023 incluso se alcanzaron 2,140 fallos, lo que sugiere un ligero retroceso en la respuesta judicial. Este descenso no necesariamente refleja una mejora en la situación; podría indicar problemas como la sobrecarga del sistema judicial, procesos más lentos o incluso una disminución en la cantidad de denuncias debido a la desconfianza persistente hacia las instituciones. La justicia llega, pero aún de manera fragmentada, desigual y, muchas veces, tardía.  

Las denuncias presentadas también revelan contrastes preocupantes. En enero de 2024, Arequipa registró 1,098 casos de violencia contra mujeres, de los cuales 528 fueron psicológicos, 396 físicos y 171 sexuales. Un año después, en enero de 2025, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), se reportaron solo 108 denuncias en la región.

La violencia sexual contra menores continúa siendo una de las expresiones más devastadoras de esta crisis. En 2023, se reportaron 20,000 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en todo el país, con más del 80% de las víctimas entre los 10 y 17 años. Esta tendencia, lejos de revertirse, se ha mantenido en los últimos años, superando los 45,000 casos acumulados entre 2022 y 2024. Arequipa no es ajena a este patrón. Las niñas y adolescentes siguen siendo las más vulnerables, enfrentando no solo la agresión directa, sino también el estigma, la revictimización y la falta de acompañamiento integral. Como ha señalado Susana Chávez, presidenta de Promsex, la recuperación del proyecto de vida y el acceso real a la justicia son fundamentales para mitigar los impactos de estos delitos, pero estos elementos aún no están garantizados de manera sistemática.

El vínculo entre feminicidios y desapariciones también se ha consolidado como una alerta roja. Solo en 2023, en Arequipa desaparecieron 614 mujeres. A nivel nacional, se ha detectado que muchos de estos casos están directamente relacionados con feminicidios y trata de personas. En 2022, 22 de los 137 feminicidios registrados fueron precedidos por desapariciones; en 2023, esa cifra aumentó a 150 feminicidios, con un 21% de los casos presentando antecedentes de desaparición. Este patrón no puede seguir siendo ignorado. La falta de una respuesta efectiva del sistema de búsqueda y protección refleja fallas estructurales que, en la práctica, terminan costando vidas.

En 2025, el gobierno regional de Arequipa ha intentado reforzar su respuesta. En la primera sesión del año, el Observatorio Regional de Violencia contra las Mujeres aprobó su Plan de Trabajo y formalizó su Consejo Directivo, con la participación de instituciones clave como el MIMP. Aunque estos pasos son valiosos en términos de articulación institucional, siguen sin traducirse en impactos visibles para las víctimas. La atención en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) sigue enfrentando limitaciones, sobre todo en zonas rurales, donde muchas mujeres ni siquiera conocen su existencia o no logran llegar a ellos a tiempo. La Línea 100, disponible las 24 horas, representa un recurso esencial, pero aún insuficiente frente al volumen de casos diarios.

A nivel nacional, se estima que más de 374 mujeres sufren algún tipo de violencia cada día. En Arequipa, esta cifra se siente con fuerza en cada juzgado, comisaría, hospital o escuela. Sin embargo, el enfoque de respuesta sigue siendo reactivo y fragmentado. La mayoría de los esfuerzos se concentran en la denuncia y la atención post-violencia, sin una estrategia integral de prevención que transforme la raíz del problema: una cultura machista que normaliza la agresión, culpa a las víctimas y perpetúa la impunidad.

Entre 2024 y 2025 no se muestra una mejora sustancial en la lucha contra la violencia de género en Arequipa. Las cifras son útiles para dimensionar la magnitud del problema, pero deben ser leídas con cautela, pues pueden ocultar silencios obligados o fallas institucionales. Más allá de las estadísticas, lo que persiste es una realidad en la que las mujeres siguen expuestas, vulnerables y muchas veces solas frente a un sistema que no responde con la urgencia ni la profundidad necesarias. El verdadero cambio no llegará con más planes o más discursos, sino con una transformación estructural y cultural que ponga en el centro la dignidad, los derechos y la vida de las mujeres.