Por: Sharon Taco Ccahua
En una reciente declaración pública, el abogado de gobernación, Bradley Alarcón, cuestionó los motivos detrás de la transferencia del proyecto Majes Siguas II del Gobierno Regional al Central, señalando intereses políticos detrás de esta decisión. Alarcón destacó que el Gobierno Central no ha presentado argumentos sólidos para justificar esta acción, mientras que desde el Gobierno Regional se emitió un pronunciamiento en respuesta, aunque sin mencionar directamente nombres, reafirmando su posición sobre la necesidad de destrabar el proyecto.
El proyecto, paralizado por más de 14 años, implica una transferencia de calidad de concesionario y la capacidad financiera para ejecutar la obra, según explicó Alarcón. La discusión se centra en la necesidad de que el Gobierno Central adquiera la titularidad del proyecto para acceder a financiamiento externo, esencial para su ejecución y para beneficiar tanto a la provincia de Caylloma como a la región de Arequipa.
El debate legal se enfoca en el marco normativo que regula estas transferencias financieras y la responsabilidad legal de los actores involucrados. Según el asesor legal del Gobierno Regional de Arequipa, la transferencia no implica sanciones para los consejeros regionales, ya que no se están traspasando activos físicos, sino la capacidad para gestionar y ejecutar el proyecto.

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