CONSEJO UNIVERSITARIO ACORDÓ APELAR SENTENCIA JUDICIAL DE JUEZA QUE ORDENÓ CESE DE DOCENTES QUE HAN CUMPLIDO 70 AÑOS DE EDAD

El Consejo Universitario de la UNSA en sesión realizada hoy y encabezada por el Rector, Dr. Rohel Sánchez, acordó autorizar a la máxima autoridad universitaria para que apele ante la segunda instancia contra la resolución judicial que emitió la jueza Bertha Uchani Sarmiento , quien en la sentencia N° 99-2016, fallo, “declarando fundada la demanda de cumplimiento interpuesta por los docentes, Hugo Salas, Angel Mogrovejo, Juan Delgado, Félix Cuadros, Juan Torreblanca y Hugo Rucano, en contra de la Universidad Nacional de San Agustín, representada por su rector, Dr. Rohel Sánchez y en consecuencia, ordenó que la demandada de cumplimiento al cuarto párrafo del artículo 84 de la ley universitaria 30220 que establece que la edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria ordinaria es de setenta años y en consecuencia, cumpla la demandada con el cese de los docentes ordinarios que hayan superado la edad máxima fijada por la ley, al día siguiente de culminado el semestre académico vigente a la fecha de emisión de la presente sentencia que será cumplida de conformidad con el artículo 22 del Código Procesal Constitucional”

Asimismo, el Consejo Universitario acordó formar una Comisión integrada por los Decanos, Dante Callo de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Javier Lizárraga de la Facultad de Derecho y Hermogenes Gonzales de la Facultad de Geología, Geofísica y Minas, quienes conjuntamente con las máxima autoridades agustinas, emitirán un Pronunciamiento Público en los próximos horas donde sustentarán sus argumentos respecto al fallo judicial emitido por la jueza en la acción de cumplimiento. En el informe previo que dio al Consejo Universitario el rector del claustro agustino, señaló que acatar el fallo judicial que emitió la jueza del juzgado constitucional, supondría que estaría obligado a emitir resoluciones de cese a 111 docentes de diversas escuelas profesionales que han cumplido 70 años, cuyas plazas están presupuestadas lo que podría generar dificultades académicas que podrían perjudicar a los estudiantes regulares de la universidad, lo que podría evitarse si el Consejo Universitario apela ante la segunda instancia judicial ya que es un derecho constitucional que la Carta Magna garantiza a los ciudadanos, lo que finalmente aprobó este órgano de gobierno universitario.