El Presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Oscar Urviola Hani,
planteó diversas modificaciones constitucionales y legales para hacer más
eficiente el rol que cumple el supremo interprete de la Constitución en la
Conferencia Magistral que expuso el viernes 24 en el Paraninfo Arequipa,
sobre “El Control de la Constitucionalidad” que organizó la Oficina
Universitaria de Relaciones Públicas de la UNSA en el Foro Cátedra San Agustín
que dirige la Dra. Erika Málaga Medina y que fue inaugurado por el Rector, Dr.
Víctor Hugo Linares Huaco.
El Dr. Urviola Hani, afirmó que el Tribunal Constitucional debería contar
con 9 magistrados tal como estaba conformado el Tribunal de Garantías
Constitucionales de 1982 y no los 7 magistrados que tiene hoy, ya que una mayor
cantidad de jueces constitucionales les permitirían emitir mejores sentencias.
Asimismo, menciono que debería de ampliarse el tiempo de vigencia de los
magistrados constitucionales a 9, 10 y 12 años como sucede con otras
Constituciones de Estados vecinos y no los 5 años como sucede actualmente en el
Perú ya que es un periodo muy corto.
El Presidente del Tribunal Constitucional precisó que un mayor tiempo de
vigencia de los magistrados, les permitiría sentar mejor las líneas
jurisprudenciales que ellos adoptan para evitar modificar sus sentencias cada
cinco años cuando se renueva la composición del Tribunal Constitucional con
nuevos magistrados, ya que eso afecta la predictibilidad y sus precedentes
vinculantes. También propuso que la Corte Suprema de la República tenga
legitimidad constitucional para interponer acciones de inconstitucionalidad
ante el TC ya que actualmente no cuenta con esa facultad en la Constitución, por
lo que es necesario una reforma constitucional en la Carta Magna.
El Dr. Oscar Urviola Hani, mencionó en su exposición, que en el mundo hay
tres modelos de control constitucional, siendo estos el modelo político (del
parlamento), el modelo americano (del control difuso de los jueces) y el modelo
europeo (del control concentrado de los tribunales constitucionales). Lamentó
que los jueces por tener una formación legalista desde 1933 hasta 1979, no
hayan aplicado el control difuso que estaba en el Código Civil, salvo en dos
ocasiones, ya que tenían temor ante el poder político y carecían de una solida
formación constitucional.
Finalmente, señaló que actualmente en el Tribunal Constitucional hay una
carga procesal de 8 mil expedientes y que en sus sentencias en reiteradas
ocasiones han resuelto que en todos los procesos debe respetarse el debido
proceso ya que esta una garantía constitucional que establece la Constitución
Política y la Convención Americana de Derechos Humanos. Culminó su exposición
sosteniendo que en una democracia constitucional no basta el crecimiento
económico, sino que también los poderes públicos y privados deben respetar los
derechos fundamentales de la persona, y los servicios de salud, educación,
justicia y seguridad por parte del Estado.
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